La llegada del nuevo Gobierno genera expectativas y plantea incógnitas y riesgos, para las empresas, los inversores y otros actores económicos sobre las políticas que pretende llevar a cabo en materia de Energía y de Infraestructuras de Transporte.
Medidas propuestas en el sector de la Energía.
Entre las políticas que han anunciado o están siendo objeto de debate, destacamos:
- Que España se adhiera al objetivo del Parlamento y la Comisión Europea, que quiere fijar en un 32% la producción de energías renovables en 2030 en la Unión Europea, y potenciar el peso de las energías renovables en el mix actual.
- Mantener estable la rentabilidad razonable (actualmente en el 7,4%) de la retribución de las instalaciones de energías renovables en funcionamiento. En este sentido, el sector confía en que el Gobierno promueva un proyecto de ley para evitar la caída de la rentabilidad de las plantas a partir de 2020.
- La Ministra de Transición Ecológica ha manifestado su intención de derogar el conocido como “impuesto al sol” y fomentar las energías renovables y el autoconsumo energético.
- Prohibir el fracking y nuevas exploraciones de hidrocarburos, así como cerrar progresivamente las centrales nucleares cuando vayan cumpliendo los 40 años de vida útil.
- Crear un Fondo Verde para la transición energética que se alimente con parte del nuevo impuesto al CO2 y que se destine a impulsar la eficiencia y la movilidad sostenible.
- Modificar la Ley de Contratación Pública para incluir nuevos requisitos ambientales y climáticos para todos los proveedores y contratistas que deseen contratar con el Sector Público.
Conviene destacar que es de vital importancia que las medidas que finalmente se implanten estén dotadas de la suficiente estabilidad a largo plazo, lo cual constituye la base de la seguridad jurídica. Estabilidad y seguridad jurídica son esenciales para generar confianza en los inversores y proteger la rentabilidad de su inversión en el medio y largo plazo.
A este respecto, resultaría recomendable promover un pacto de estado en materia de Energía, con el respaldo político, institucional y empresarial suficiente, que asegure una política energética estable. El horizonte temporal de este Gobierno, con el término de la legislatura a algo menos de un año y medio vista, hace especialmente necesario que las políticas que se pretendan implementar gocen de un nivel de consenso que garantice su estabilidad aun durante y después de unas nuevas elecciones.
Medidas relativas al sector de las Infraestructuras de Transporte.
Por otro lado, en materia de Infraestructuras de transporte, algunas de las cuestiones pendientes que deberá afrontar próximamente el actual Ministerio de Fomento son:
- La nueva licitación de las nueve autopistas de peaje quebradas y rescatadas por el Estado.
En este sentido, ha anunciado que reevaluará los estudios de viabilidad, analizando costes y plazos de la nueva licitación de las nueve autopistas de peaje, posponiendo – probablemente – la licitación que estaba prevista para la segunda mitad de este año. También están siendo objeto de revisión del importe de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que se abone a las concesionarias y los ingresos que se espera obtener de una posible reprivatización de las autopistas.
Ante este nuevo escenario, se tendrá que evaluar el impacto económico sobre el déficit público del Estado (si los activos consolidan en las cuentas más de un ejercicio y en función del importe de la RPA), y también tener en cuenta los ingresos que se estima obtener de una nueva licitación de las autopistas.
- El Plan de Inversión en Carreteras (PIC) anunciado y aprobado por el anterior Ejecutivo, y que aún está pendiente de la aprobación del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
Parece que la intención del nuevo Gobierno en líneas generales es mantener las inversiones previstas. Sin perjuicio de lo cual, se ha anunciado que se va a proceder a reevaluar el PIC, de forma que los plazos de implementación del mismo son – actualmente – inciertos. Como consecuencia de ello, algunos inversores están redirigiendo su atención a otros proyectos sobre los que existe mayor nivel de información y certeza.
Adicionalmente, el Gobierno ha manifestado su intención de eliminar los peajes de las autopistas cuyas concesiones vencen próximamente (p.ej. AP-1 Burgos-Armiñón, AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz). Sin embargo, está pendiente de concretar si se eliminaría el peaje a los usuarios al 100%. En todo caso, el sector – y el Ministerio – están haciendo cálculos del coste que tiene el mantenimiento, la reparación y las grandes obras de reparación en los distintos escenarios (peaje a usuarios v. mantenimiento de la infraestructura con cargo a las arcas públicas; concesión v. gestión directa por la Administración).