El pasado 1 de abril se publicó el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (“RDL 11/2020”).
En particular, su Disposición adicional decimonovena prevé la aprobación por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia de un plan para la agilización de la actividad judicial “una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma y de las prórrogas del mismo”.
Por ello, el Consejo General del Poder Judicial (“CGPJ”) ha elaborado un documento sobre “medidas organizativas y procesales para el plan de choque” con el que se pretende, esencialmente, evitar el colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de alarma. El documento ha sido remitido al Ministerio de Justicia.
El documento recoge tanto medidas aplicables al conjunto de ámbitos jurisdiccionales y como medidas de carácter específico atendiendo a las particularidades de cada orden.
Se han planteado medidas de carácter general para gestionar el ingreso masivo de asuntos que se prevé tras la total paralización de la actividad jurisdiccional. Entre otras, se proponen la puesta en marcha de Juzgados especializados, la aplicación de mecanismos de refuerzo de los órganos sobrecargados o la habilitación del mes de agosto.
Especial mención merecen las medidas propuestas en el orden jurisdiccional civil, una de las que, probablemente, se vean más afectadas tras la reanudación de la actividad judicial.
La previsión en este sentido es que la crisis sanitaria del COVID-19 afecte de manera particular al ámbito concursal, contractual y del derecho de familia incidiendo de manera directa en los órganos jurisdiccionales civiles. Por ello, el CGPJ propone entre otras, la agilización en materia de designación de Procuradores, la extensión del juicio verbal, o la posibilidad de dictar sentencias “viva voce”.
En el mismo sentido, el Consejo General de la Abogacía Española (“CGAE”), ha remitido sus propuestas al Ministerio de Justicia distinguiendo tres fases en la reanudación de la actividad judicial.
Las primeras medidas no han tardado en llegar. La Resolución del Ministro de Justicia de 13 de abril prevé, durante la vigencia del estado de alarma, y como primer paso de la reanudación de la actividad judicial, la prestación de servicios esenciales, el registro de todos los escritos presentados de forma telemática y la llevanza de procedimientos no definidos como esenciales siempre que lo permitan los medios disponibles. Su entrada en vigor se producirá el próximo miércoles, día 15 de abril.
Con todo ello, las previsiones de que tras el levantamiento del estado de alarma aumenten los litigios en todas las jurisdicciones ya de por sí, saturadas, ponen de manifiesto la necesidad de reformas organizativas y procesales de calado que agilicen los trámites e incrementen los medios personales y materiales de la Administración de Justicia con el objetivo de reanudar la actividad procesal, y en palabras, de las Asociaciones Judiciales [1], “recuperar el tiempo de paralización de los Juzgados y Tribunales”.
[1] Comunicado conjunto de las Asociaciones Judiciales en relación con la crisis sanitaria de 7 de abril de 2020 (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente).
Cristina Valle Torralbo
Abogada en el área de Litigación, Concursal y Compliance
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