En el día de ayer – 7 de octubre de 2020 – compareció el Presidente del Gobierno para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que será la hoja de ruta de la modernización y recuperación de España durante los próximos seis años, y que tiene por finalidad última paliar los efectos generados por la pandemia del COVID, y que será remitido por el Ejecutivo a Bruselas en las próximas dos semanas.
Este Plan se elabora con ocasión del plan de recuperación de la Unión Europea, por un total de 750.000 millones, y que supone para España 140.000 millones de euros, que llegarán en forma de transferencias del Next Generation EU y de préstamos con condiciones ventajosas. En particular, el Plan, tal y como ha decidido el ejecutivo, supondrá 72.000 millones de euros para España para el periodo 2021-2023.
En un contexto en el que España es un país líder en el mercado fotovoltaico a nivel europeo en la transición hacia energías limpias y el segundo país europeo que más energía eólica ha instalado, la inversión “verde”, es decir, la inversión vinculada con la transición ecológica representará más del 37% del total del Plan.
Además, con este Plan el Gobierno persigue acelerar en un 40% los objetivos cuantitativos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, adelantando a 2023 los objetivos intermedios que fueron fijados, en su día, para el año 2025.
En efecto, el Plan se estructura en torno a cuatro grandes principios entre el que se encuentra, en primera posición, la transición ecológica. Con el fin de alcanzar una “España verde” se prevé, entre otras medidas, un Plan de despliegue masivo de parques de generación renovable y la aceleración de la transformación a gran escala de sistema energético español para alcanzar un sistema 100% renovable y, por tanto, limpio en 2050.
Además, el Plan Estratégico de Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas rectoras en las que deberán quedar incardinados los proyectos concretos de inversión que el Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y con la iniciativa privada, podrán hacer valer ante las autoridades europeas.
Singularmente, la tercera política rectora es la transición energética justa e inclusiva, a la que se van a destinar el 9% de los recursos para aprovechar el enorme potencial que tiene España y posicionarnos estratégicamente como líderes de la renovación energética global.
Rocío Gros
Abogada
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